En Noviembre de 2014, el esquema de implantación de valor social incluido en los procesos de compra pública supuso para la Cámara de los Comunes y de los Lores de UK el reconocimiento de “Buy Social” por la Social Enterprise UK. Sí, estamos hablando de un gobierno.
Este post no trata de enaltecer los comportamientos y virtudes de las instituciones extranjeras, criticarlas o compararlas con las nuestras. Si escribo estas líneas es para poner de manifiesto las cosas realmente chulas que se están haciendo en el área de responsabilidad social, y lo que es posible hacer simplemente enfocando un poco la atención hacia estos aspectos.
El 31 de Enero de 2013 entró en vigor en UK la Social Value Act o Ley de Valor Social. A grandes rasgos, la ley requiere delegados públicos que piensen en cómo rentabilizar la compra pública asegurando los beneficios de una cobertura social, económica y medioambiental. En ese sentido, más que una ley está concebida como una herramienta para ayudar a los delegados a dar valor más allá de lo monetario a las adquisiones, permaneciendo en comunicación directa con los proveedores locales o la comunidad para diseñar mejores servicios, muchas veces encontrando nuevas e innovadoras soluciones a las necesidades.
Realmente merece la pena analizar un poco el alcance de la ley, examinar sus progresos en los dos últimos años, teniendo en cuenta la adopción del valor social no sólo en los delegados, sino en los proveedores y los consumidores finales. Pienso que esto es más útil e interesante que meterme a analizar el contenido de la ley en cuestión, porque determinando sus efectos puede uno hacerse una idea de lo que está consiguiendo. Así pues, podemos decir que donde la ley está siendo adoptada, hay un impacto positivo, sobre todo en el aspecto económico, siendo la variedad de organizaciones que la asimilan cada vez mayor. Como ejemplo global y haciéndose eco de ello, en la nueva ley de contratación publica de 2015 se ha evitado que muchos servicios como la educación, salud y bienestar social quedaran fuera de la ley al eliminar la contratación publica abierta para contrataciones menores de 750.000 euros.
Pero vamos poco a poco, que las cosas se ven mejor. Se puede estructurar el nivel de impacto focalizando los diferentes espectros de la sociedad, como el local, el nacional, en pequeñas y grandes empresas, y sobre la moneda en sí. Veámoslos más en detalle:
Impacto local: En una encuesta online efectuada sobre delegados, proveedores y miembros interesados del ámbito público, alrededor del 60% cree que la ley ha tenido un efecto positivo en la comunidad, un 82% en la economía local y un 72% en los negocios locales. Un 83% dijo que aumentaba las posibilidades formativas para encontrar trabajo, y un 75% que incluso mejoraba las posibilidades de empleo para jóvenes y personas discapacitadas.
Impacto nacional: El impacto a nivel nacional es quizás más discreto, aunque el balance sitúa el efecto de la ley en casos como el de Emmaus Communities, que ha tenido una repercusión nacional incuestionable, declarando que han calculado su ahorro a la administración pública en más de 3 millones y medio de libras, de las que un 59% provenían directamente del Gobierno Central.
Impacto en pequeñas organizaciones: En el ámbito de las pequeñas organizaciones, incluyendo las pymes y las organizaciones de voluntariado, los delegados encuentran que los parámetros de la ley consiguen evitar las trabas burocráticas o la competición desleal de los pequeños proveedores. Se ha aumentado la contratación de pequeñas empresas, que en muchos casos están mejor posicionadas para generar riqueza y bien social, y en definitiva ofrecen un servicio mejor. Un balance actual puso de manifiesto el ejemplo del Ayuntamiento de Lambeth, que ha aumentado la inversión en pymes de 159 millones de libras a 180, habiendo decrecido el gasto total en contrataciones. Epic win!
Impacto en grandes empresas: Hay un incremento del sentido de que la implementación de valores sociales es una parte fundamental en el camino de una gran empresa. Muchas encuentran en este concepto una oportunidad excitante y por ello están adaptando estrategias en este sentido. Además, se dan cuenta de esto también es una nueva (y buena) vía de negocio. Por ejemplo, el proceso de formación ha conseguido trabajadores de alta preparación para las grandes firmas de la industria constructora, creando 224.000 empleos en sólo 5 años.
Impacto sobre el ahorro: El impacto positivo sobre este campo, para qué engañarnos, es lo que asegura y da buena salud a la ley. Se consigue mediante tres puntos básicos que pueden resultar evidentes pero que dan sus frutos, y a los que conviene echar un vistazo:
- La contratación de los servicios está mejor diseñada para atender de manera más satisfactorias las necesidades.
- El viejo arte de mirar la perra chica, es decir, contratar de una organización sólo los servicios que son necesarios para ahorrarse costes añadidos en los que no lo son.
- Reducir la basura contratando organizaciones que ofrezcan sus servicios reduciendo el nivel de generación de desechos, evitando así gastos ulteriores.
Los aspectos positivos de la implementación de la Social Value Act ya son considerables en tan sólo dos años de vida, pero sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. El desconocimiento de la ley es aún una asignatura pendiente, pues mientras que en algunos grupos es bastante conocida (autoridades locales, asociaciones y grandes empresas), en otros, como las pymes, el nivel de penetración es realmente bajo. Ni siquiera ha calado en las centrales de compra de cada departamento del Gobierno Central. Un estudio reciente de Social Value Portal sugiere que el 50% de las autoridades locales tienen en cuenta al menos un aspecto del valor social al comprar, pero sólo el 11% menciona la ley en sus estrategias de compra (el porcentaje de las que tienen a un equipo trabajando en el desarrollo de una estrategia de este estilo es aún menor).
Por otra parte, las interpretaciones de las normas pueden degenerar en prácticas inconsistentes. Para evitarlo se debe conocer cómo definir el valor social, y cómo y dónde incluirlo durante el proceso de compra pública, aplicar el valor social dentro del marco legal o clarificar su uso en todo el proceso.
Además, para las instituciones y los escépticos también existe la traba de que el alcance del valor social no está cuantificado. Aunque el beneficio económico es un hecho que puede ser medido con carácter concreto, relativo a una ámbito específico, debe existir una herramienta estándar que cuantifique el ahorro real. Sin embargo, sería importante no olvidar que la estandarización de una metodología cuantificadora puede entrañar el riesgo de frenar la innovación, en aspectos como la búsqueda de nuevas vías de aplicación del valor social.
Los avances en materia de RSE son cada día mayores. Ya no forman parte de un futuro utópico o de los actos de unos pocos valientes soñadores. Ya los gobiernos y las grandes empresas han demostrado su interés. La RSE es el presente.
Para más información: UK Government
